El gobierno de Costa Rica anunció el lunes pasado que triunfó en un laudo interpuesto por la minera canadiense Infinito Gold, que reclamaba 394,8 millones de dólares por la cancelación de un proyecto de minería de oro a cielo abierto debido a irregularidades y daños ambientales.
“El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) le notificó la buena noticia al Ministerio de Comercio Exterior el día de hoy. El Tribunal arbitral concluyó que era improcedente adjudicar daños a favor de la empresa Infinito Gold”, indicó un comunicado del gobierno.
La demanda fue interpuesta por la empresa en 2014 ante el CIADI, ente adscrito al Banco Mundial, y fue planteada con base en el Acuerdo entre el gobierno de Costa Rica y el gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Esto tras el cierre del proyecto minero en 2010 por su impacto ambiental. Tras anular el contrato, el Congreso costarricense prohibió la minería a cielo abierto ese mismo año.
Tras la cancelación del proyecto, la zona fue invadida por mineros artesanales de forma ilegal, quienes han provocado severos daños ambientales. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, giró este lunes una orden al Ministerio de Seguridad Pública para iniciar una operación policial especial para proteger la zona de Las Crucitas.
Después de ganar el contencioso, el presidente Chaves propuso encontrar la manera de explotar este yacimiento, sea de manera subterránea o a cielo abierto, aunque en este último caso “requeriría un cambio de ley”, comentó el presidente, que es exfuncionario del Banco Mundial.
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