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Servicios Para una Educación Alternativa A.C.
San Dionisio del Mar es una comunidad ikoots, ubicada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que desde 2012 enfrenta un conflicto social que ha adquirido tintes electorales. En diciembre pasado la elecciones extraordinarias en dicho municipio fueron canceladas por el ambiente de crispación. Previamente, candidatas y candidatos de cuatro partidos, denunciaron la presencia de personas armadas, actos de intimidación y amenazas patrocinadas por Teresita de Jesús, ex presidenta municipal. Estos hechos se enmarcan a raíz de la lucha contra la imposición de un parque eólico de la empresa Mareña Renovables, en la Barra Santa Teresa. En ese, año un grupo de habitantes decidieron desconocer a la autoridad municipal y regresar a sus modos de organización ancestral y cada tres años renuevan a sus dirigentes, como si fueran autoridades comunitarias. Hasta hoy, la Asamblea General de Pueblos de San Dionisio del Mar se organiza día a día para defender el mar, la tierra, el territorio así como el viento, porque son fuente de alimento y vida para las nuevas generaciones. En esta ocasión, el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa, dedica su programa para ahondar en la lucha de esta comunidad porque se le reconozca su sistema de organización indígena y así hacer frente presiones para imponer megaproyectos en su tierra. Un parque eólico en San Dionisio del Mar, afectaría directamente la pesca, principal sustento del pueblo ikoot, a través de las vibraciones creadas por las turbinas. 
 

Dar voz a las de 52 comunidades chatinas, chontales, cuicatecas, ikoots, ayuuk, mixtecas, zapotecas y mestizas, que el pasado 10 de diciembre de 2018, se reunieron en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca para externar que el extractivismo representa una amenaza y no una opción de desarrollo, es el suceso del que da cuenta la última producción del Espacio Social de este 2018. En un hecho histórico de participación ciudadana para los pueblos y comunidades de Oaxaca, representantes de los 90 municipios concesionados para la industria minera, exigieron de forma conjunta que se respete su derecho a ejercer la libre determinación y autonomía, este mensaje fue dirigido con especial atención al nuevo gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Asimismo se da ante el dictamen emitido por el jurado del Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras, integrado por expertas y expertos internacionales. Dicho dictamen se emite a partir de la evidencia presentada en octubre pasado sobre violaciones a derechos humanos de pueblos y comunidades de Oaxaca, que incluyen afectaciones irreversibles a los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalizacion de autoridades comunitarias y de las y los defensores comunitarios, fractura del tejido social e inseguridad generalizada en las regiones donde operan estos proyectos mineros por parte de empresas mineras, grupos de choque e instancias del Estado.

Escucha y descarga: ESPACIO SOCIAL - INFORME JUICIO POPULAR COMUNITARIO EN OAXACA (29 min.). 

0211.6 1El pasado 13 de octubre, miles de hondureños y hondureñas salieron caminando de San Pedro Sula rumbo a los Estados Unidos, casi todos hablan de la falta de empleo y oportunidades y de la rampante violencia de las pandillas pues Honduras es uno de los países con más homicidios en el mundo. Los secuestros y las extorciones, así como el despojo de tierras a causa del neoextractivísmo son situaciones que los han orillado a abandonar su país. A lo largo de su recorrido, migrantes de Guatemala, Nicaragüa e incluso mexicanos también se les han sumado, actualmente se habla de un éxodo integrado por alrededor de 10 mil personas. El 19 de octubre, alrededor de la una de la tarde, personas migrantes se concentraron en la ciudad fronteriza de Tecún Umán, Guatemala, de manera masiva llegaron al puente fronterizo con México para intentar cruzar. La Policía Federal frenó bruscamente su entrada, cuerpos antimotines lanzaron gas lacrimógeno contra la personas principalmente mujeres, niñas y niños, como una acción de control desproporcionada, pese a esto la caravana logró entrar a territorio mexicano. Ahora, la prensa internacional y los organismos internacionales tienen sus ojos puestos en lo que pasa en el país. En esta ocasión el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), dedica su programa de media hora para hablar sobre el paso de las caravanas migrantes por el país y las distintas misiones de observación que organizaciones y defensores de derechos humanos han integrado para salvaguardar los derechos de esta personas.

Escucha y descarga el Espacio Social: Éxodo Migrante aquí (31 min.).

Enrique Peña Nieto ya terminó su gobierno. Su legado se transcribe en cifras récord de violencia, un aumento de la deuda pública, de la población en situación de pobreza y de la corrupción, según índices nacionales e internacionales. Días antes de dejar el mando, el ahora ex presidente dijo que mantuvo la estabilidad económica del país, y que buscó modernizar a México con las llamadas Reformas Estructurales, entre ellas, la polémica Reforma Educativa, que de acuerdo a sus críticos en realidad se trataba de una reforma laboral. Y que ahora con el mando de Andrés Manuel López Obrador, esta reforma desaparece.

sadsgtssqDesde hace 30 años las autoridades mexicanas han suscrito una serie de tratados, legislaciones y políticas neoliberales que han vulnerado gravemente los derechos de diversos pueblos en todo el territorio mexicano. Pese a las denuncias y demandas, el aparato de justicia ha protegido intereses empresariales y servido como instrumento de control eficaz contra el bienestar legítimo de la ciudadanía. Por este motivo se presentaron 22 casos de comunidades de todo el estado de Oaxaca para apelar este fin de semana, a la justicia comunitaria, impulsando así el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras. Después de una jornada de más de 12 horas y en la que estuvieron presentes autoridades y miembros de los pueblos chatino, chontal, cuicateco ikoots, mixe, mixteco, zapoteco y mestizo, en representación de 52 comunidades de regiones de Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca, se presentaron evidencias para denunciar ante un jurado internacional la implementación de proyectos mineros (que con engaños o condicionamientos, incluyendo la criminalización y la represión) buscan despojarlos de sus territorios.

Descarga el Espacio Social: Demanda Juicio Popular cancelar concesiones mineras en Oaxaca (32 min).

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DENUNCIA OAXACA-01