El capitán retirado del Ejército mexicano, Marcos Mendoza Pérez, y el constitucionalista Federico Anaya coinciden que a la propuesta de reforma judicial le faltó pies y brazos: la justicia militar, así como la justicia administrativa y agraria.
“La elección de jueces y magistrados militares tiene que cambiar, para que no sea por gusto del general secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como hasta ahora ocurre; además de cambiar las leyes y reglamentos que ya son obsoletos, la mayoría desactualizadas” plantea el militar en retiro Marcos Mendoza.
Por su parte, el abogado Federico Anaya propone una reestructuración del Supremo Tribunal de Justicia Militar: “De por sí está mal que el presidente de la República sea el que propone al senado la terna para ministro, pero que el secretario de la Defensa designe jueces y magistrados está peor”.
En entrevista con Pie de Página, el capitán zapador Marcos Mendoza Pérez desmenuza el intestino del Supremo Tribunal de Justicia Militar. Habla de los procesos de selección de magistrados, fiscales y defensores de oficios, quienes integran el proceso judicial militar y termina en justicia de mando.
Por su parte, el constitucionalista Federico Anaya Gallardo escudriña las contradicciones de las leyes militares y la forma en que la justicia se imparte en el fuero militar: “Aquí se les olvidó algo importantísimo, la justicia administrativa va de la mano de la justicia militar”, revisa.
“La militar es una especie de justicia administrativa, porque es una burocracia, lo único que lo distingue es el uniforme, pero la naturaleza original de la justicia militar es disciplinaria. El problema es que los amantes del Ejército tradicionalista van a decir que lo que se pretende es reducir la función militar, cuando los militares son burócratas”, aclara.
“Si las cosas estuvieran en un solo lugar, entonces el Consejo de la Judicatura estaría vigilando todo lo que está pasando. Eso no significa que haya un militar metido en la Judicatura, al contrario, porque los asuntos civiles son tan importantes que no se los podemos dejar a los militares, por eso el órgano disciplinario, o el Tribunal Disciplinario, tienen que ser ciudadanos civiles y electos”.
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