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Un servicio diario de información desde Oaxaca para organizaciones y comunidades

ALIANZA CÍVICA NACIONAL Y EL ESPACIO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN OAXACA, tienen el agrado de invitarlo a la Conferencia que pronunciará, el Dr. Sergio Aguayo, titulada: “Oaxaca en la transición democrática” el día 2 de Julio a partir de las 11:00 horas. Lo acompañarán como comentaristas el Dr. José Antonio Crespo Mendoza, y el Lic. Rogelio Gómez Hermosillo Marín. La Conferencia se llevará a cabo en el Hotel Oaxaca Real con domicilio en la calle de García Vigil 306, Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Un sacerdote y otros 10 hombres han sido detenidos y acusados del homicidio de dos autoridades locales en el municipio de San José del Progreso, estado de Oaxaca, en el sur de México. Corren peligro de sufrir tortura u otros malos tratos bajo custodia, y de ser sometidos a un juicio injusto, señala Amnistia internacional. Por su parte sacerdotes dicen estar preocupa dos de que un grupo cualquiera, afín al partido en el poder, pueda secuestrar y torturar a quien juzgue como contrario a sus intereses, y -peor- que las instituciones del Estado encargadas de aplicar la justicia acepten las condiciones que ese grupo les impone y, en vez de apresar a los torturadores y secuestradores, se lleven detenido al secuestrado y torturado, en este caso el Padre Martín Octavio García Ortiz. Más todavía que los secuestradores y torturadores hasta acompañen a la policía para cerciorarse de que ésta cumple sus condiciones.

Desde su llegada, las empresas mineras  inician y provocan un conflicto social tendiente a dividir a la población, hacen un estudio socio-antropológico de los habitantes del lugar, así detectan el comportamiento de la gente. A los más carentes de escrúpulos los contratan y los utilizan para sus grupos de choque, a otros los controlan con empleos y regalías, incluso les pagan sin trabajar, a los que tienen facilidad de liderar,  los corrompen y los utilizan para controlar a la gente. La exclusión de las comunidades de la toma de decisiones sobre proyectos que involucran cambios fundamentales en su entorno y en su vida ha llevado a situaciones en donde los derechos humanos, entendidos en una perspectiva amplia que incluye los económicos, sociales y culturales y el medio ambiente son severamente lesionados.  Este es el problema medular en la Ley Minera y en la operación de las mineras, se relaciona con el papel marginal y de división  en el que se  pone a las comunidades.

 

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Un caso ha tomado relevancia en los últimos años,  es el caso de San José del Progreso  y la mina “San José” de la compañía minera Cuzcatlán, S.A. de C.V. Ha llamado la atención a partir de la resistencia que ha mostrado la comunidad frente al proyecto de explotación de Oro y Plata. El tema de la minería en Oaxaca había permanecido sin mayor atención en los últimos años hasta lo ocurrido en el año 2008, en la comunidad de Capulalpam de Mendez, en la región de la Sierra Norte, donde se denuncia la explotación de oro y plata por parte de una empresa canadiense y se pone  al descubierto las diversas problemáticas que trae consigo la minería  y que afectan principalmente al medio ambiente y los derechos que tienen los pueblos sobre los recursos naturales y las tierras.

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La historia de la minería en México y en especial en Oaxaca, es antigua, sin embargo el modelo de saqueo y explotación se implementó con más fuerza en la colonia. A finales del siglo XIX en la época de Porfirio Díaz empresas extranjeras tomaron posesión de las principales minas en el país.   Podemos concluir entonces que las prácticas utilizadas por las empresas y respaldadas por los gobiernos estatal y federal son el caldo de cultivo para los conflictos. Mientras se sigan favoreciendo intereses del capital extranjero, de empresarios mexicanos con prácticas corruptas desde el proceso de otorgamiento de las concesiones, hasta la imposición de estos proyectos se seguirán violentando los derechos humanos básicos, a la vida, a la seguridad, a la alimentación, a un medio ambiente sano y en el caso de pueblos y comunidades indígenas, el derecho a la consulta y la información previa libre e informada.

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