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mineriaEn el marco del tercer aniversario luctuoso del líder anti mineras de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, Bernardo Vásquez Sánchez, y a partir del seguimiento que EDUCA ha hecho sobre el establecimiento de empresas mineras en nuestro país, se hace del dominio público la primera de tres infografías para compartir datos sobre la problemática que genera permitir la extracción minera en territorio nacional. Los datos contenidos en este material gráfico hacen referencia al número de concesiones, proyectos mineros y la predominancia de estos en México para dar una idea de las futuras afectaciones a la ciudadanía. Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, concesionaron 52 millones de hectáreas a empresas mineras, esto equivale al 26% del territorio nacional. Según la Coordinación General de Minería, instancia dependiente de la Secretaría de Economía, a nivel nacional se encuentran registrados 870 proyectos mineros. Oaxaca se encuentra en la octava posición, los tres primeros lugares los encabezan los estados de Sonora, Chihuahua y Guanajuato con 210, 113 y 95 proyectos mineros respectivamente.

Ver la infográfica. Leer también: Minería, entre la corrupción y el despojo y Pronunciamiento: Reforma energética representa un despojo territorial “legalizado”

 

Promueven una iniciativa de Ley Estatal de desaparición forzada

http://www.fotoes.mx/data/thumbnails/1/familiares_desaparecidos_1.jpgOrganismos civiles y religiosos acordaron promover una iniciativa de Ley ante el Congreso del Estado que establezca el procedimiento para obtener una declaración de ausencia por desaparición forzada y los familiares de las víctimas puedan recibir beneficios. Minerva Nora Martínez Lázaro, coordinadora del Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco Briseño" (BARCA-DH), una de las organizaciones promoventes, dijo que este planteamiento surgió en un taller de defensores de derechos humanos con familiares de los 10 pobladores de Zapotengo, San Pedro Pochutla, desaparecidos el 13 de julio de 2010, en Matamoros, Tamaulipas. Subrayó que la legislación permitirá regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas y la de sus familiares. Martínez Lázaro dijo que en el caso de los desaparecidos de Zapotengo, las esposas e hijos se encuentran desprotegidas porque no reciben ningún apoyo puntual al carecer de alguna constancia judicial del deceso. Leer también:

Urge CIDH a aprobar Ley de Desaparición Forzada y La desaparición forzada en México, “crimen sistemático”: ONG alemana

 

Llaman a Acción Cultural en Defensa de los Ríos y el Agua

https://pbs.twimg.com/media/B_36ZeXU8AEz5j6.jpg:largeAmbientalistas de las organizaciones “La Vida”, “Unidos contra el Fracking”, “Pueblos unidos contra las Presas” entre otras, anunciaron una serie de movilizaciones en contra de la privatización del agua en México y específicamente en el estado de Veracruz, que sería uno de los más afectados por la práctica del fracking en la entidad. Para los activistas ambientales, la Ley General de Aguas permite la inversión privada en la estructura y reparto del agua en México, y eso dijeron, a pesar de lo que Beltrones diga, “es privatizar el agua”. Según Guillermo Curiel, activista ambiental de “La Vida”, el estado de Veracruz sería el más afectado con la legislación como iba al pleno de la cámara federal, “porque tiene 30 cuencas que aportan el 35 por ciento del agua del país”. Leer también:

Coca Cola y Nestlé, beneficiadas con Ley de aguas y Desechar ley de aguas, exigen académicos y ambientalistas

 

Denuncias por acoso sexual y drogas en el Canal Judicial de la SCJN

http://www.jornada.unam.mx/2015/03/12/cartones/hernandez.jpgEl director del Canal Judicial, Enrique Rodríguez Martínez, presentó su renuncia en medio de una investigación interna por acoso sexual y laboral y tras el inicio de una indagatoria de la PGR al encontrarse aparente droga en las instalaciones de esa instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En medio de la investigación el Ministro presidente Luis María Aguilar solicitó la renuncia al director del Canal Judicial, Enrique Rodríguez Martínez, al igual que de Francisco Barradas Ricardez, subdirector general de Información y Alberto Villa Dávalos, director del área. Apenas hace unas semanas, Marco Antonio Silva, subdirector de Producción presentó su renuncia por estos hechos. En su visita a México en 2014, al escuchar a las empleadas federales que afirmaron ser víctimas de abuso laboral y sexual, la relatora especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, Rashida Manjoo, sostuvo que es obligación del Estado investigar y sancionar a los responsables. Más información:

Escándalo en la Suprema Corte: acoso sexual y drogas en el Canal Judicial. Carton: Nuevo ministro-Hernández

 

ONU insiste en que en México la tortura ‘‘es generalizada’’

http://centroprodh.org.mx/torturarnoesjusticia/wp-content/uploads/2015/03/RelatorEspecial_01-02-742x1024.jpgEl relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, reiteró ayer que este delito es ‘‘práctica generalizada en México’’, luego de que las autoridades nacionales desacreditaron el pasado lunes esta afirmación por considerar que no era ‘‘congruente”. ‘‘La expresión ‘tortura generalizada’ es correcta; no he cambiado de opinión’’, indicó el jurista argentino. Por su parte, Raymundo Díaz, integrante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, coincidió en que al rechazar las afirmaciones de Juan Méndez, las autoridades mexicanas ‘‘desacreditan y minimizan una situación que para todos los defensores de derechos humanos está muy clara’’. Esta práctica, consideró, tiene lugar de formas explícitas, pero también de otras más ‘‘sutiles’’, las cuales muchas veces ni siquiera son identificadas por sus víctimas como forma de tortura. ‘‘La tortura es un fenómeno generalizado. Todas las fuerzas de seguridad abusan de sus facultades, a pesar de que se supone que están capacitados en derechos humanos’’, recalcó.

Ver infografías del Centro ProDH sobre sobre el informe Tortura

 

Cancela la SG el acceso directo a archivos de la guerra sucia

rosendo radillaLa Secretaría de Gobernación canceló el acceso directo a los archivos sobre la guerra sucia (ocurrida durante los años 70 y parte de los 80) y otros documentos aportados desde 2002 por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Especialistas en archivística advirtieron que si continúa esa tendencia se afectará la investigación de otros episodios históricos, como las desapariciones en el sexenio de Felipe Calderón o el incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, por citar dos ejemplos. “De continuar esa tendencia, en adelante sólo podremos investigar el virreinato y el siglo XIX”, lamentó Susana Zavala, investigadora de archivos públicos. Ahora, las consultas deben hacerse mediante solicitudes de información pública y su obtención podría resultar en textos con datos suprimidos. En contraste, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) ordenó a la Secretaría de Gobernación a entregar la información relacionada con las diversas acciones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionados con el caso Rosendo Radilla. Más información:

"Guerra sucia". Ejército la ordenó

 

Las empresas latinoamericanas, lejos de respetar los DDHH

http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/onu1.jpg“Les diría a las instituciones y empresas que tengan conciencia del gran daño que hacen al suelo, a la flora, al ambiente, que respeten la decisión de la gente. Están llevando a cabo un atentado contra la salud y la vida”, clamó el indígena mexicano Taurino Rincón. Este nahua integra el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan que lucha contra la epresa mexicana Gabfer SA de CV, y su proyecto de explotar una mina a cielo abierto en sus tierras comunales. Este caso ilustra los diversos conflictos entre empresas y las comunidades donde operan y que se repiten en América Latina, donde ha habido escasa acogida de los Principios Rectores sobre los Derechos Humanos y las Empresas, establecidos por la ONU. Los tres ejes de los 40 principios incorporan el deber de los Estados de proteger los derechos humanos, la obligación de las empresas de respetarlos y las vías de reparación para las víctimas de las violaciones. Argentina, Chile, Colombia, Guatemala y México han expresado su intención de instrumentar los Principios Rectores, pero ninguno lo concretó. Leer el reportaje de Emilio Godoy:

Empresas latinoamericanas están lejos de los principios de DDHH y también: Los pueblos indígenas y el tratado sobre empresas transnacionales y derechos humanos

 

Los titulares de hoy:

Promueven una iniciativa de Ley Estatal de desaparición forzada

Llaman a Acción Cultural en Defensa de los Ríos y el Agua

Denuncias por acoso sexual y drogas en el Canal Judicial de la SCJN

ONU insiste en que en México la tortura ‘‘es generalizada’’

Cancela la SG el acceso directo a archivos de la guerra sucia

Las empresas latinoamericanas, lejos de respetar los DDHH

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