Ante imposición del Corredor Transístmico, convocan al Encuentro Regional “El Istmo es Nuestro”

60795658 2260721444007748 8627697860021846016 n Ante la imposición de megaproyectos como parte del “Programa para del Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”, así como la simulación de una consulta indígena para justificarlo, comunidades originarios y organizaciones de la sociedad civil convocan al Encuentro Regional “El Istmo es Nuestro”, a realizarse el sábado 8 de junio a partir de las 8:00 horas en la Escuela Pedro Sainz de Baranda, Colonia Guadalupe de Salina Cruz, Oaxaca. Los convocantes alertan que para realizar el corredor Transístmico, el gobierno federal ha simulado la realización de una consulta entre los pueblos indígenas, con la cual “la burocracía indigenista busca solo cubrir las apariencias, violándose las condiciones de ser un proceso previo, libre e informado”. Advierten que desde hace meses el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido a inversionistas europeos, asiáticos y norteamericanos la participación en este megaproyecto. “En contra de la opinión de los voceros del gobierno, la imposición del Corredor Transistmico significa despojo de tierra, divisionismo en las comunidades, destrucción ambiental, violación de derechos y pérdida de la autodeterminación de nuestros pueblos originarios y pérdida de la Soberanía Nacional. Con este megaproyecto se dejan de lado una vez más los intereses y derechos de nuestros pueblos y se privilegia el interés de las grandes empresas nacionales y transnacionales.” A la convocatoria subscriben más que viente organizaciones comunitarios y de la sociedad civil, entre ellas, Educa.

Leer la convocatoria completa: E ncuentro Regional “El Istmo es Nuestro”. Leer también: Organizaciones convocan al encuentro regional “El Istmo es nuestro”. Contexto: Plan de Desarrollo presume que pueblos indígenas ya autorizaron Corredor Transístmico e Informe Redecom: “Consulta Simulada”, sobre el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

Aumenta la violencia feminicida en Oaxaca

Matías Romero Avendaño 1068x560 En sólo dos años, la frecuencia con la que las mujeres son asesinadas en Oaxaca fue en aumento. Mientras que en 2017 ocurría un asesinato cada 3.1 días, en 2019 una mujer es muerta en territorio oaxaqueño cada 2.7 días. El nivel de violencia en contra de las mujeres es una realidad. De acuerdo con registros hemerográficos el viernes 17 de mayo fue acribillada con saña una profesora en San Pedro Tapanatepec; en menos de 48 horas, el cuerpo sin vida de otra mujer fue hallado en Matías Romero Avendaño, en la zona del Istmo de Tehuantepec. El recuento que realiza el Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer), precisa que del 1 de enero al 19 de mayo se tenían contabilizadas 50 mujeres privadas de la vida; en total, 299 desde diciembre de 2016 a la fecha y 84 desde que la Secretaría de Gobernación emitió la Alerta de Violencia de Género para el estado Oaxaca, lo cual no ha frenado la violencia contra las mujeres en la entidad. Salvo la Cañada y Sierra Sur, el resto de las regiones de Oaxaca han registrado al menos un feminicidio, siendo la Cuenca del Papaloapan, con 13 asesinatos, en donde se han presentado mayor número de casos; le sigue el Istmo con 12, Valles Centrales con 11, Mixteca con 7, Costa con 5 y Sierra Norte con 1. Por su parte, la ONU Mujeres opinó a través de su cuenta de Twitter que para eliminar la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas en México “se requiere de soluciones innovadoras y de nuevas alianzas que movilicen fondos de todas las fuentes disponibles: gobierno, sector privado, organizaciones y la sociedad.”

Leer la nota Citlalli Luciana López Velásquez: Asesinan a una mujer cada 2.7 días en Oaxaca. Leer también: 50 mujeres asesinadas en Oaxaca, en menos de 5 meses. Contexto: Maquilla Fiscal cifras de feminicidios, organizaciones feministas piden su destitución.

Juan Pérez, sobreviviente de tortura, libre tras 16 años en prisión: “exijo la libertad de mis compañeros en huelga de hambre” (Video)

Liberación 1 768x430 El 14 de Mayo fue puesto en libertad el indígena Juan Pérez Álvarez quien se encontraba en huelga de hambre en la cárcel de Comitán de Domínguez dentro de la organización Viniketik en resistencia. El 8 de mayo le había sido notificada su libertad depués de llevar más de 16 años recluido, ya que bajo los beneficios penitenciarios de buena conducta su pena se encontraba saldada del delito por el cual había sido condenado, tras una confesión bajo tortura. Horas después le es notificado que tiene otra acusación por un delito de secuestro que supuestamente cometió en el año 2003 y poco después es trasladado al Ministerio Público para tomarle declaración. Todo esto 16 años después de ese supuesto delito. Ante esta disparatada situación, Juan decide lanzarse a huelga de hambre aún siendo diábetico y representando esto una grave situación de riesgo a su salud y a su vida. Por falta de elementos, finalmente el 14 de mayo le vuelven a dictaminar la libertad al compañero, pero todavía el Ministerio Público puede apelar esta decisión y por ello le piden que se presente dentro de 20 días para ver si tiene que volver a ser encarcelado. El Grupo de Trabajo “No estamos Todxs”, organización que realiza el acompañamiento de 6 presos indígenas recluidos en diferentes penales de Chiapas en su protesta de huelga de hambre en exigencia de justicia y libertad inmediata, realizó un vídeo que relata el testimonio de Juan Pérez.

Ver el video: Juan Pérez en libertad después de 16 años (5 min.). Más información: Una historia de fuerza y de dignidad que rompe con el estigma de la prisión e Impiden a reos indígenas realizar huelga de hambre en penal San Cristóbal de las Casas. Contexto: Gobierno morenista no investiga tortura en Chiapas; 6 reos indígenas reinician huelga de hambre. Foto: Chiapas Paralelo.

Liberan a exfuncionarios de Veracruz imputados por desaparición forzada

pdp econsulta veracruz 052219 aliados 1140x570 Uno a uno los ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte que fueron imputados por desapariciones han dejado la prisión. Señalados como artífices de múltiples desapariciones forzadas en Veracruz, los ex funcionarios se valieron de errores de la Fiscalía General del Estado (FGE) y libraron la cárcel, bajo el amparo de la justicia federal. En menos de seis meses, Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública, y Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal general, demostraron ante jueces que la fiscalía veracruzana solicitó medidas cautelares excesivas en su contra y lograron seguir su juicio desde casa. A cambio, pagaron fianzas que van de los 15 mil pesos hasta el millón de pesos. Pero estos casos no son únicos. Bajo argumentos idénticos exmandos de esas instituciones burlaron la justicia, entre ellos Rosario Zamora, exdirectora de Investigaciones Ministeriales, Gilberto Aguirre, exdirector de Servicios Periciales, y Carlota Zamudio Parroquín, exdelegada regional de la policía ministerial de la zona centro, salieron de prisión en este mes. Tras casi un año en prisión, y al grito de “¡Sí se pudo!”, el exfiscal general Luis Ángel Bravo quedó libre este 22 de mayo luego de que la juez Mónica Segovia removiera su medida cautelar en cumplimiento de una orden federal que concluyó que la prisión preventiva en su contra fue excesiva. En el lado de la Fiscalía General, la ruta jurídica la trazó Gilberto Aguirre, quien presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y demostró que fue obligado a declarar –bajo tortura- en contra de sus superiores. Lo anterior, producto de una negociación con el Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz.

Leer el reportaje de Miguel Ángel León Carmona y Yerenia Rolón: Libres, exfuncionarios de Duarte imputados por desaparición forzada. Contexto: Denunciarán por tortura a Yunes y Winckler ante FGR e Impunidad y sangre en Veracruz. De la guerra entre narcos hasta un fiscal incomodo (Video).

Proponen ley para proteger a los artesanos comunitarios del pirataje

patrimonio1 1078x800 El Senado de la República presentará una iniciativa de ley con el propósito de reconocer a pueblos y comunidades indígenas como titulares de los derechos sobre el uso y aprovechamiento de sus elementos culturales e identitarios, con el fin de detener el plagio de sus diseños por parte de empresas nacionales y extranjeras. Ello se desprende de las jornadas de trabajo organizadas el pasado fin de semana por la Secretaría de Cultura (SC), el Senado de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el Foro-Encuentro Internacional “La Protección del Patrimonio Cultural como Derecho Colectivo”, realizado en la sede de dicha cámara y en el Museo Nacional de Antropología. Cabe mencionar que las marcas y empresas nacionales y transnacionales que han reproducido sin respeto a los derechos de sus creadores, los diseños de los artistas populares de México, incluyen: Liverpool, Palacio de Hierro, Pineda Covalin, Zara, Mango, Michael Kors, Kate Spada y Nestlé México entre otros. Los abogados José Manuel Hermosillo y Carlos Lima dijeron que la defensa de los derechos culturales de los pueblos debe hacerse por varias vías e instancias como la CNDH, e incluso ante organismos internacionales como el Alto Comisionado en Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, pero además debe existir una ley que proteja todos los procesos productivos artesanales: Derechos de autor, propiedad intelectual e industrial, la iconografía de las comunidades. Cabe mencionar que en Oaxaca, comunidades como San Bartolo Coyotepec y Teotitlán del Valle han creado marcas colectivas para evitar que los diseños artesanales sean comercializados bajo sellos ajenos a quienes los elabora.

Leer la nota de Judith Amador Tello: Impulsarán ley para proteger los derechos colectivos en el arte popular. Contexto: Para protegerse del pirataje, artesanos de Oaxaca crean marcas colectivas.

Sistema de control migratorio en México constituye tortura: defensores

El Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), en el marco de la presentación de las observaciones finales sobre su séptimo informe periódico de México, pidió al gobierno mexicano “abstenerse de internar a los inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo durante periodos prolongados, utilizar el internamiento únicamente como último recurso y por el periodo más breve posible, y seguir aplicando medidas no privativas de la libertad”. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil que conforman el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura (GIDMT) exigieron una política migratoria que no este basado en la detención arbitraria y la deportación sistemática de quienes se internan en el país, la mayoría con la intención de atravesarlo y llegar a Estados Unidos. Las organizaciones, que incluyen el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, el Servicio Jesuita a Migrantes y Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, entre otras, consideran necesario un cierre definitivo de los centros de detención migratoria, “partiendo de que el sistema de control y la detención migratoria en México constituyen una forma de tortura contra las personas migrantes y solicitantes de asilo”. Por su parte, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género México-Guatemala abordó el alarmante aumento en muertes de niños, niñas y adolescentes que se han encontrado detenidos por los gobiernos de Estados Unidos y México y pidió un alto a las detenciones y garantizar la integridad y derechos humanos de esta población vulnerable.