El pasado domingo, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, volvió a insistir en un punto al que ya se había referido en múltiples ocasiones durante su campaña: que la intención de su próximo gobierno es que se apruebe en el Congreso la reforma planteada por el hoy presidente López Obrador para que la Guardia Nacional se integre de manera definitiva a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Se trata de una reforma polémica, que ya fue rechazada en abril del año pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerarla inconstitucional y que organizaciones de la sociedad civil alertan que abrirá aún más las puertas de la ‘militarización del país’, pero que ahora podría aprobarse en el Legislativo tras un cambio en la Constitución que permitiría la nueva mayoría de Morena en el Congreso y en el Senado.
“La Guardia Nacional, en tan solo cinco años, ya tiene el reconocimiento del pueblo de México. Nos corresponde, a partir del 1 de octubre, seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión”, dijo en un evento el domingo pasado Sheinbaum, cuyas palabras desataron las felicitaciones del presidente López Obrador, quien subrayó que el cambio de la Guardia Nacional a la Sedena “fortalecerá la institución”.
Sin embargo, para organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, o la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Amnistía Internacional y el Colectivo Seguridad Sin Guerra, esta reforma no solo implica el paso de la Guardia al Ejército, situación que, a pesar de que la institución nació con la promesa de ser un cuerpo de seguridad civil y con mandos civiles, en términos prácticos ya lleva años siendo una realidad, sino que además implica la entrega de más poder a las Fuerzas Armadas y la legalización de la transferencia de funciones a los cuerpos castrenses.
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