En Oaxaca, los cambios y las transformaciones políticas avanzan “de ninguna parte a ningún lado”. Solo “así se transforma Oaxaca”, dice el gobernante en turno. Tiene razón, en su pretensión por afinar los instrumentos de control por la vía de las instituciones fue creado un mecanismo de gobierno políticamente eficaz: el de la inmovilidad, el disimulo y el deterioro… Y es que como lo señala entre líneas el presente Informe, “Sobre la Democracia y los Derechos Humanos”, la vida pública en el estado se asemeja a una casa en ruinas, deteriorada, fracturada, agrietada. Situación que por supuesto hace incomoda e inviable la convivencia para sus moradores; no así para quienes administran el abandono de esta casa devastada.
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Miguel Ángel Vásquez de la Rosa, texto leído en la presentación del Informe Público: Democracia y Derechos Humanos 2007-2009 “Oaxaca un Régimen Agrietado”
En Oaxaca, los cambios y las transformaciones políticas avanzan “de ninguna parte a ningún lado”. Solo “así se transforma Oaxaca”, dice el gobernante en turno. Tiene razón, en su pretensión por afinar los instrumentos de control por la vía de las instituciones fue creado un mecanismo de gobierno políticamente eficaz: el de la inmovilidad, el disimulo y el deterioro… Y es que como lo señala entre líneas el presente Informe, “Sobre la Democracia y los Derechos Humanos”, la vida pública en el estado se asemeja a una casa en ruinas, deteriorada, fracturada, agrietada. Situación que por supuesto hace incomoda e inviable la convivencia para sus moradores; no así para quienes administran el abandono de esta casa devastada.
El presente informe devela algunas incongruencias del régimen político oaxaqueño. Desatinos, por decir lo menos, que se vuelven mucho más evidentes pasado el conflicto y crisis política de 2006. Después de aquella coyuntura, el gobierno leyó muy bien las claves de los regímenes totalitarios, hay dos formas de imponer condiciones: mediante el uso de la fuerza pública o por medio de la propaganda.
El 2006 trajo consigo, además de la crisis, la otra cara de la moneda, la posibilidad de un “gran cambio”. El camino estaba trazado, así lo expusieron en su momento los diálogos públicos de la sociedad civil: independencia de poderes, reforma política electoral, fiscalización de recursos públicos, respeto a los derechos humanos, transparencia de la función pública, participación ciudadana, cambios al sistema estatal de radio y televisión, entre otros temas… En suma, un conjunto de demandas del movimiento social que, colocadas en perspectiva de “reforma del estado”, posibilitaban -sino cambios radicales- al menos los primeros resultados de un giro democrático en el estado. Incluso se decretó el 2007 Año de la Reforma del Estado. Lo que sobrevino fue más que el desencanto, fue la construcción de la justificación oficial: nuevas instituciones para los mismos actores protagonistas del conflicto. Dos ejemplos de ello, la Auditoria Superior del Estado, con Lizbeth Caña Cadeza al frente y el Instituto Estatal de Transparencia, dirigido por Genaro Vásquez Colmenares… La supuesta reforma del estado hecha trizas se convirtió en la armadura de protección para garantizar la impunidad de los agentes causantes de la crisis.
De forma paralela, se cerraron aún más los espacios de la participación ciudadana y de negociación política. Se fortalecieron los cacicazgos regionales. Se realizaron los ajustes de cuentas correspondientes al interior de los cuerpos policíacos. Se criminalizó la protesta pública. Se atentó contra la libertad de expresión. Se vino la oleada de megaproyectos y proyectos de extracción de recursos naturales en comunidades indígenas. Salieron a la luz pública casos de paidofilia solapados por el aparato estatal de justicia. Se incrementó la impunidad y la corrupción en las esferas del poder.
Este es un esbozo de la respuesta institucional a la crisis oaxaqueña. Más que la transformación del Estado vino una transformación simulada. Simular para el actual régimen es inventar supuestos cambios políticos para eludir la realidad.
No obstante, los tres años posteriores a la crisis no han sido totalmente desfavorables, el presente informe también da cuenta de los múltiples esfuerzos del movimiento social y la sociedad civil por reestructurar la agenda de la transformación política de Oaxaca. Aquí también cabe aclarar que el informe, derriba una afirmación que distintos sectores han sostenido, “el movimiento social era de corta visión, no se proponía más que la caída de URO”. Si observamos de manera más amplia nos podremos percatar que no fue así, pasada la crisis se empezaron a desdoblar esfuerzos y proyectos provenientes de las demandas de 2006 y adquirieron un rostro y una presencia propia. Jóvenes, mujeres, indígenas, organizaciones con agendas bien definidas como: medios de comunicación alternativos, tecnologías apropiadas, desarrollo sustentable, participación ciudadana, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres… Entre otras agendas.
Mientras tanto, las organizaciones aglutinadas en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca entraron en un proceso de confrontación, el motivo, la búsqueda del causante del “fracaso”. Hay que reconocer que la crisis política también desató una crisis en esa comunidad humana que llamamos movimiento social. ¿Quién traicionó al movimiento? ¿Quién se vendió al estado? ¿Quién negoció? Son algunas de las preguntas más frecuentes en este proceso de construcción de culpables. Sin un reconocimiento franco y abierto y sin evaluación previa, las dudas se dispararon en todas direcciones.
Cabe la pregunta entonces, ¿dónde está actualmente el movimiento social oaxaqueño? De acuerdo al informe, podemos afirmar que el movimiento social está donde se expresan experiencias sociales de cambio. Este movimiento social no cuenta con aparato, ni con estructura, ni con un plan programático. En este sentido, el movimiento en Oaxaca se extendió más allá de la APPO, se extendió a las regiones y comunidades del estado, se extendió a los medios alternativos, se extendió a los procesos educativos, se extendió a la defensa de las libertades y derechos, se extendió a las distintas luchas. El sujeto de cambio, que alguna vez se dijo se expresaba en la APPO, tiene ahora múltiples y variados rostros en esta compleja trama oaxaqueña.
Finalmente, podemos preguntarnos, ¿es posible la transformación política del estado? En Oaxaca sólo será posible un cambio que provenga de un enfoque de transformación política no violenta, con una agenda amplia y diversa que genere consensos sociales, además de un pacto que se construya desde el ámbito local, ahí donde se construye la democracia “a pequeña escala”. Este es uno de los grandes aprendizajes del conflicto social. Si, se requiere un nuevo arreglo, no solamente un arreglo institucional, sino un arreglo político para Oaxaca. Este Informe presenta algunas claves para esta lectura. Necesitamos nuevas claves de lectura para enfrentar los desafíos de la nueva realidad política. A ello, con todas sus limitaciones, apuesta el presente Informe.
Servicios para una Educación Alternativa A.C.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 23 de Noviembre de 2009
