Comunidades aledañas al Río Sonora, contaminado desde hace diez años por un derrame de sustancias tóxicas ocasionado por la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, urgieron a autoridades acatar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que reconoce las “persistentes violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano, al acceso al agua potable, y a la salud de las personas”.
Tras la publicación de la recomendación 50/2024, dirigida a los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía y Salud, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, de la Comisión Nacional del Agua, del IMSS-Bienestar y al gobernador de Sonora, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) reconocieron que, “aunque tardía”, la recomendación del organismo “es un paso importante para la búsqueda de justicia”, toda vez que señala la responsabilidad de Grupo México en la tragedia y las omisiones de las autoridades federales y del gobierno de Sonora.
En un comunicado, las comunidades organizadas en los CCRS reconocieron la labor de la CNDH por reabrir el expediente de queja en 2022, tras la persistencia de denuncias de pobladores del incumplimiento de medidas de resarcimiento desde 2016, pues la queja que inicialmente se integró en 2014, el mismo año del derrame, se cerró después de “supuestas acciones llevadas a cabo entre el gobierno de México y Grupo México”.
Sobre “el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México”, las autoridades obligadas a dar respuesta “no han implementado medidas preventivas, administrativas, ni de reparación adecuadas para nadie en la región”. Las comunidades afectadas destacaron que, tras la entrega de la recomendación, las autoridades que se mantienen renuentes a acatarla son Conagua e IMSS-Bienestar, es decir, “han pasado casi dos sexenios y las autoridades siguen sin tomar medidas efectivas para garantizar nuestros derechos, mientras la empresa responsable sigue en la impunidad”.
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