Ejidatarios autónomos a los que se acusa del éxodo masivo de la población de Tila, ubicado en la zona norte de Chiapas, explicaron en entrevista con Chiapas Paralelo que desde el año 2021 se formó en el lugar un grupo llamado “Karma”, donde participan ex integrantes del grupo paramilitar Paz y Justicia.
Este grupo habría realizado varios ataques y asesinatos contra la población y autoridades autonomas indígenas de la etnia ch´ol, por lo que el 4 de junio pasado, tras el asesinato del campesino Mateo Pérez López, los ejidatarios decidieron defenderse. El grupo “Karma” se enfrentó durante tres días contra ejidatarios autónomos.
El grupo de indígenas ejidatarios autónomos de Tila fueron entrevistados en el poblado donde poco a poco empieza a retornar la población. Para los ejidatarios autónomos, todos indígenas de la étnia ch´ol, esta historia de violencia reciente empezó en el año de 1994, cuando en el marco del alzamiento del EZLN, en la zona norte de Chiapas se formó como grupo contrainsurgente o paramilitar, a quienes serían conocidos como Paz y Justicia, quienes se enfrentaron a la población que consideraban era base de apoyo zapatista, con un saldo de decenas de personas asesinadas y población desplazada.
Tras la masacre de Acteal el gobierno reconoció la existencia de estos grupos armados, pero fue hasta 2002 que se desarticuló a Paz y Justicia, y encarceló a su principal líder, Samuel Sánchez Sánchez. “Son los mismos que siguen hasta hoy en día. Estas son las raíces de los nietos y bisnietos de los paramilitares que hoy siguen lo que es la violencia, que que aunque siguen provocando al ejido”, dijo uno de los ejidatarios autónomos.
Añadieron que su lucha es por el reconocimiento de 130 hectáreas de tierra como propiedad ejidal, y que hay un acuerdo de la asamblea de respetar las propiedades a los pobladores de Tila, según manifestaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando esta instancia resolvió la controversia agraria a su favor.
Por su parte, el Frayba llamo “a la paz y la atención de las miles de víctimas de la violencia en Tila”. Responsabilizan al Estado mexicano, “por su inacción en el levantamiento de un registro de las personas desplazadas que dé certeza sobre la cantidad de personas afectadas e impactos diferenciados. Así como de las omisiones en su deber de atención humanitaria y reparación integral”.
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